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AQUÍ
LA RESPUESTA
Y LA RAZÓN DE LA ENCUESTA
Es posible que Vd. lo tenga muy claro y le sorprenda semejante perogrullada, pero déjeme decirle que este inocente test lo he realizado muchas veces antes y le aseguro que ha hecho trastabillar a muchos -algún abogado entre ellos- que, como es obvio, deberían saber esto casi tan bien como su nombre y apellido. Y atención que no son ni burros ni tontos, sino buenos abogados que probablemente al no ser especialistas en derecho constitucional, víctimas de algún desviado imaginario colectivo, han caído en la trampa y se han equivocado o dudado demasiado.
A esta altura ya sabrá vd. que la respuesta correcta es la segunda. En efecto, el artículo 18º de la CN establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo.
Quizá Vd. pensó que la alocución pudo haber sido : “…nadie está obligado a declarar contra sí mismo”, ya que se trata de un concepto bastante extendido -demasiado, lamentablemente- en la creencia popular. Pero no, entonces porqué la CN dice “puede ser” y no dice, “está”?
Y esto es porque el precepto constitucional no se dirige a quien es imputado de un ilícito, sino que lo hace en otra dirección : va a los jueces y fiscales que deben interrogarlo para averiguar la verdad, lo cual resulta complementario y coherente con la expresión del mismo artículo 18º de la CN, cuando un poco mas adelante expresa que : “…quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes.”
En otras palabras, la CN establece que nadie puede forzar al imputado a auto incriminarse -como acontecía en la ordalía, mediante la tortura hasta obtener la confesión que hacía viable la condena-, pero no lo releva necesariamente de decir la verdad.
Vale decir, no lo autoriza a mentir.
Cabe ahora que explique a Vd. adónde quiero llegar.
Es que no puedo dejar de preguntarme ¿porqué somos los argentinos tan indulgentes con la trasgresión, con la trampa? tan indiferentes ante la corrupción y la impunidad, destino final e inevitable de nuestra mansa resignación ante la mentira y el silencio ominoso, que nos ha colocado en este “aquí y ahora”, que desgarra profundamente los vínculos sociales y hace imposible la vida apacible que los mas grandes conocimos y añoramos.
No descarto por tanto -y esta es la hipótesis que intento demostrar-, que una apresurada e incorrecta interpretación del aludido mandato constitucional, haya contribuido a instalar en el ideario colectivo la errada creencia de que ocultar la verdad o falsearla, constituye un valor socialmente tolerable, y obremos en consecuencia.
El resultado de tal extravío es fuente de confusión y desorientación, que subrepticiamente compromete nuestra aptitud para obrar con juicio crítico útil, por cuanto propicia el error. La dificultad para distinguir la verdad de la mentira nos hace mucho más falibles y debilita, hasta neutralizar muchas veces, nuestra capacidad de reacción enérgica y reparadora frente a lo injusto y lo ilícito.
No resulta ocioso recordar que a diferencia de lo que acontece entre nosotros, en sociedades con culturas mas desarrolladas y maduras, la mentira constituye una falta gravísima que definitivamente descalifica y excluye a quien se vale con hábito de ella.
Lo dicho amerita el contundente desprecio que
deben merecer la mentira y quienes de ella se valen.